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abr 022011

Las áreas de regularización (ARG) del Plan General de Marbella

Las áreas de regularización son ámbitos de la normalización del Plan General de Marbella en el que se incluyen desarrollos urbanísticos o edificaciones con mayores densidades y menores cesiones de suelos dotacionales que los que establecía el Plan General de Marbella de 1986. El objetivo de la normalización es la previsión de los déficit de suelos dotacionales existentes y en algunos casos de urbanización, por lo que se clasifican como suelo urbano no consolidado. La ejecución de estos ámbitos será sistemática, por el sistema de compensación integrado por los propietarios incluidos en el ámbito, durante los dos primeros años posteriores a la entrada en vigor del Plan General de Marbella. En el caso de que los propietarios no ejecutasen la actuación, se prevé su ejecución por el Ayuntamiento, duranto los dos años siguientes, por el sistema de cooperación. Hasta que no se materialicen las obligaciones establecidas en el área de regularización, las edificaciones incluidas se considerarán en situación de fuera de ordenación.

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feb 242011

Antecedentes del dominio público viario

IMG_2675La construcción de caminos en España se impulsa con el Real Decreto de 10 de junio de 1761 de Carlos III, teniendo en cuenta que en aquel momento la falta de caminos era uno de los principales obstáculos para el progreso del país, tal y como denunció Jovellanos en su informe sobre la Ley agraria.

En el siglo XIX abundan las leyes para las vías públicas, como son las Leyes de travesías y caminos vecinales de 1849 o la Ley general de carreteras de 1877, que estuvo vigente hasta la Ley de carreteras de 1974, a su vez derogada por la Ley vigente de carreteras de 1988.

 

Al hilo de estas leyes se ponen en marcha sucesivos planes generales de carreteras, como los aprobados en 1860. A mediados de los años ochenta, las carreteras españolas presentaban un notable retraso en comparación con los paises de nuestro entorno y se mostraban incapaces de absorver el crecimiento del tráfico propiciado por la recuperación económica, demás de adolecer de graves problemas de seguridad por su mal trazado y estado de conservación. Para ello se pone en marcha el plan general de carreteras de 1984-1991, con un presupuesto de 2,8 billones de pesetas, de los cuales el 12 % procedían de los fondos FEDER. Es como consecuencia de este plan por lo que se elabora y aprueba la Ley vigente de carreteras de 1988, con el fin de aumentar las exigencias de seguridad y calidad de las carreteras proyectadas y futuras.

 

ago 012010

La administración pública y el dominio público marítimo

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La competencia en materia de dominio marítimo terrestre corresponde fundamentalmente a la Administración General del Estado, es decir, al Gobierno de la Nación, en virtud del artículo 149 CE.

Entre tales competencias se encuentran las siguientes:

Deslinde, gestión, tutela y policía que establece la Ley de Costas

Disposiciones sobre vertidos y señalización marítima

Obras de interés general necesarias para la protección, defensa y conservación del dominio público marítimo terrestre, así como las necesarias para la regeneración de las playas

Informar los planes generales de ordenación urbanística

Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas

Puertos de interés general;

Las competencias de las Comunidades Autónomas son las siguientes, conforme establece el artículo 148 CE:

 

Regulación en materia de ordenación territorial, urbanística y del litoral

Puertos deportivos

Autorizaciones de usos en la zona de servidumbre de protección

Las competencias de las corporaciones locales

 

a) Informar los deslindes del dominio público maritimo terrestre

 

b) Informar las reservas, adscripciones, autorizaciones y concesiones para el aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre

 

c) Explotación de los servicios de temporada que puedan establecerse en las playas

 

d) Mantenimiento y limpieza de las playas y lugares públicos de baño

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