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nov 072009

Los bienes del dominio público hidráulico

public-water1.- Concepto de dominio público hidráulico

El artículo 2 del TRLA establece que constituyen el dominio público hidráulico del Estado, los siguientes bienes:

a) Las aguas continentales

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

c) Los lechos de los lagos y los de los embalses

d) Los acuíferos

e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.

2.- Los cauces

Es cauce el natural de una corriente continua o discontinua en el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales si sólo atraviesan una finca.

3.- Las charcas y los terrenos inundables.

Las charcas situadas en predios de propiedad privada se considerarán como parte integrante de los mismos. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieren. Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables.

4.- Los acuíferos

El dominio público de los acuíferos o formaciones geológicas por las que circulan aguas subterráneas, se entiende sin perjuicio de que el propietario del fundo pueda realizar cualquier obra que no tenga por finalidad la extracción o aprovechamiento del agua.

5.- Las aguas procedentes de la desalación

La actividad de desalación de agua marina o salobre queda sometida al régimen general establecido en esta Ley para el uso privativo del dominio público hidráulico, sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones demaniales que sean precisas de acuerdo con la Ley de costas.

 

nov 042009

Precedentes históricos del dominio público de aguas

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1.- Las aguas terrestres en el Derecho Romano

En el Derecho Romano el agua formaba parte de las cosas comunes, es decir, de las “res comunes omnium”. Ello significaba que el agua era susceptible de apropiación por los particulares y especialmente por los propietarios de las fincas colindantes. Sin embargo, sobre los ríos navegables, se establecía una especial protección para asegurar la navegación, consistente en prohibir el aprovechamiento particular que dificultase el paso de las naves.

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oct 292009

La protección de los bienes públicos

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1.- Causas del régimen de protección de los bienes públicos

El régimen jurídico de los bienes públicos ser caracteriza fundamentalmente por su régimen de especial protección, que pretende conseguir las siguientes finalidades:

a) Defender la titularidad públicos de los bienes públicos y evitar su pérdida o usurpación por los particulares

b) Defender el destino de los bienes públicos, ya sea su uso público o la correcta prestación del servicio público

c) Proteger las características propias e integridad de los bienes públicos, especialmente en especial, si se trata de bienes de carácter natural

2.- El inventario de bienes públicos

Las Administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, así como a mantenerlo actualizado. En dicho inventario se deberá hacer constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados.

En el caso de las entidades locales, el inventario general deberá comprobarse por el Pleno de la Entidad Local siempre que se renueve la Corporación, así como deberá remitirse un ejemplar del inventario tanto a la administración estatal como autonómica.

En el inventario general de bienes y derechos se anotarán por separado, según su naturaleza, agrupándolos entre otros, en los siguientes epígrafes:

1. Inmuebles.

2. Derechos reales.

3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.

4. Valores mobiliarios.

5. Derechos de carácter personal.

6. Vehículos.

 3.- La inscripción registral

La inscripción registral supone una protección de los bienes públicos frente a los particulares, pues conlleva no sólo la presunción posesoria sino que además evita una inscripción contradictoria. Las Administraciones públicas deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos registros. Son por tanto inscribibles no sólo los bienes patrimoniales sino también los bienes de dominio público, como de hecho establece el artículo 5 del reglamento de desarrollo de la Ley hipotecaria. Será suficiente para dicha inscripción certificación que, con relación al inventario aprobado por la respectiva Corporación, expida la persona titular de la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia de la Entidad Local.

4.- La investigación sobre los bienes públicos

Las administraciones públicas tienen la facultad de investigar la situación de l

os bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando ésta no les conste de modo cierto. En el caso de las entidades locales, dicha potestad de investigación es una obligación y no sólo una facultad. Esta obligación se entiende de todos los bienes públicos, los patrimoniales y demaniales. El procedimiento para el ejercicio de la potestad de investigación de los bienes y derechos se iniciará de oficio o bien a instancia de parte y terminará, en caso de resolución favorable, con la adopción de las medidas necesarias para la incorporación del bien al inventario de bienes, como es la anotación preventiva en el inventario o registros públicos y el acuerdo de ejercicio de la acciones administrativas y judiciales necesarias.

5.- El deslinde de bienes públicos

El deslinde tiene como objeto delimitar la finca o bien público del que se trate cuando sus límites sean imprecisos o existan indicios de usurpación, mediante las operaciones técnicas necesarias. El expediente administrativo, con notificación a las personas interesadas e la información pública, finalizará con el acto de apeo, en el que se fijará con precisión sobre el terreno los linderos de la finca y se extenderá un acta. Una vez se resuelvan las alegaciones sobre el acta, se procederá al deslinde y amojonamiento definitivo, así como su inscripción

en el Registro de la propiedad. Contra el acto de deslinde definitivo, se podrá interponer recurso contencioso administrativo.

6.- Recuperación de oficio de los bienes públicos

Las administraciones públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio que han sido ocupados sin titulo alguno. Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá ejercitarse en cualquier momento y en el caso de los que tengan la condición de patrimoniales en el plazo de un año, contado desde el día siguiente al de la usurpación. Transcurrido dicho plazo, deberán ejercitarse las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil. El expediente administrativo, acreditada la usurpación, finalizará en caso con la propuesta de recuperación de la posesión y requerimiento del ocupante para que cese se actuación, señalándole un plazo no superior a ocho días para ello y en caso de resistencia al desalojo, se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la recuperación de la posesión del bien o derecho.

7.- El desahucio administrativo

El desahucio es una potestad de las administraciones con objeto de recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes de dominio público cuando desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros. Las entidades locales podrán utilizar el desahucio administrativo también para los bienes patrimoniales. Declarado extinguido el derecho a la ocupación de bienes se requerirá a la persona ocupante para que proceda al desalojo y entrega del bien en el plazo de quince días. Si el requerimiento no fuese atendido, se practicará nuevamente para que se proceda a la entrega del bien en el plazo de ocho días. En el caso de que no se atienda este plazo, el lanzamiento se llevará a efecto por la Entidad con sus propios medios, siendo los gastos de lanzamiento a cuenta del desahuciado.

8.- Responsabilidades y sanciones

Las autoridades y el personal al servicio de las Entidades Locales, que tuvieran a su cargo la gestión o utilización de sus bienes y derechos, responderán directamente ante la Entidad de los daños y perjuicios ocasionados por su pérdida o detrimento, en caso de dolo, culpa o negligencia graves. Las personas que por dolo, culpa, negligencia o aun a título de simple inobservancia, causen daños en el dominio público de las Entidades Locales, realicen actos de ocupación sin título habilitante, o contraríen su destino normal o las normas que lo regulan, serán sancionadas por vía administrativa con una multa, cuyo importe se establecerá entre el tanto y el duplo del perjuicio ocasionado, sin perjuicio de la reparación del daño y de la restitución del bien ocupado irregularmente en su caso.

 

oct 102009

La utilización de los bienes públicos

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1.- La utilización de los bienes del dominio público
a) La utilización directa por la administración y las reservas demaniales
Los bienes de dominio público pueden ser utilizados por la administración o los particulares. Cuando se trata de bienes destinados a la prestación de un servicio público y es la administración la titular de esos bienes la que los gestiona directamente, el uso que con este fin realiza del bien afectado se rige por las normas propias del servicio.

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oct 102009

Los bienes comunales

comunalesLos bienes comunales son bienes de dominio público de las entidades locales cuyo aprovechamiento pertenece al común de la vecindad como puede ser el caso de bienes agrícolas o forestales.

El carácter de bienes de dominio público se establece por el artículo 132 CE y rigen por tanto los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad.

La explotación de los bienes comunales se realizará de acuerdo con la costumbre o las ordenanzas municipales, por los vecinos de forma colectiva o simultánea, mediante la adjudicación de lotes o incluso la cesión a terceros acordara por mayoría absoluta de los miembros del municipio.

La administración, conservación y garantía de integridad de los bienes comunales corresponde a la Entidad Local titular de los mismos. Los bienes comunales pueden ser desafectados por acuerdo expreso de la corporación por mayoría absoluta, con aprobación posterior de la CA, cuando no hayan sido objeto de aprovechamiento por un plazo mínimo de 10 años. Dicha desafectación convertirá el bien patrimonial en bien patrimonial.

oct 102009

El Patrimonio Nacional y el Patrimonio del Estado

 patrimonio1.- EL PATRIMONIO NACIONAL

El patrimonio nacional se regula por la Ley 23/1982, de 16 de junio. Tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Familia Real para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen.

El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional se configura como una Entidad de Derecho público, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, orgánicamente dependiente de la Presidencia del Gobierno y excluida de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas. Son sus fines la gestión y administración de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional.

Tal y como establece el artículo 132 CE, dichos bienes tienen el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Integran el Patrimonio Nacional, entre otros, los siguientes bienes:

1. El Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro.

2. El Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador, con sus jardines y edificios anexos.

3. El Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial, el Palacete denominado la Casita del Príncipe, con su huerta y terrenos de labor, y la llamada «Casita de Arriba», con las Casas de Oficios de la Reina y de los Infantes.

4. Los Palacios Reales de la Granja y de Riofrío y sus terrenos anexos.

 2- EL PATRIMONIO DEL ESTADO

El Patrimonio del Estado está integrado por el patrimonio de la Administración General del Estado y los patrimonios de los organismos públicos que se encuentren en relación de dependencia o vinculación con la misma.

La gestión, administración y explotación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que sean de titularidad de la Administración General del Estado corresponderán al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

 

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