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oct 292009

La protección de los bienes públicos

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1.- Causas del régimen de protección de los bienes públicos

El régimen jurídico de los bienes públicos ser caracteriza fundamentalmente por su régimen de especial protección, que pretende conseguir las siguientes finalidades:

a) Defender la titularidad públicos de los bienes públicos y evitar su pérdida o usurpación por los particulares

b) Defender el destino de los bienes públicos, ya sea su uso público o la correcta prestación del servicio público

c) Proteger las características propias e integridad de los bienes públicos, especialmente en especial, si se trata de bienes de carácter natural

2.- El inventario de bienes públicos

Las Administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, así como a mantenerlo actualizado. En dicho inventario se deberá hacer constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados.

En el caso de las entidades locales, el inventario general deberá comprobarse por el Pleno de la Entidad Local siempre que se renueve la Corporación, así como deberá remitirse un ejemplar del inventario tanto a la administración estatal como autonómica.

En el inventario general de bienes y derechos se anotarán por separado, según su naturaleza, agrupándolos entre otros, en los siguientes epígrafes:

1. Inmuebles.

2. Derechos reales.

3. Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.

4. Valores mobiliarios.

5. Derechos de carácter personal.

6. Vehículos.

 3.- La inscripción registral

La inscripción registral supone una protección de los bienes públicos frente a los particulares, pues conlleva no sólo la presunción posesoria sino que además evita una inscripción contradictoria. Las Administraciones públicas deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos registros. Son por tanto inscribibles no sólo los bienes patrimoniales sino también los bienes de dominio público, como de hecho establece el artículo 5 del reglamento de desarrollo de la Ley hipotecaria. Será suficiente para dicha inscripción certificación que, con relación al inventario aprobado por la respectiva Corporación, expida la persona titular de la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia de la Entidad Local.

4.- La investigación sobre los bienes públicos

Las administraciones públicas tienen la facultad de investigar la situación de l

os bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando ésta no les conste de modo cierto. En el caso de las entidades locales, dicha potestad de investigación es una obligación y no sólo una facultad. Esta obligación se entiende de todos los bienes públicos, los patrimoniales y demaniales. El procedimiento para el ejercicio de la potestad de investigación de los bienes y derechos se iniciará de oficio o bien a instancia de parte y terminará, en caso de resolución favorable, con la adopción de las medidas necesarias para la incorporación del bien al inventario de bienes, como es la anotación preventiva en el inventario o registros públicos y el acuerdo de ejercicio de la acciones administrativas y judiciales necesarias.

5.- El deslinde de bienes públicos

El deslinde tiene como objeto delimitar la finca o bien público del que se trate cuando sus límites sean imprecisos o existan indicios de usurpación, mediante las operaciones técnicas necesarias. El expediente administrativo, con notificación a las personas interesadas e la información pública, finalizará con el acto de apeo, en el que se fijará con precisión sobre el terreno los linderos de la finca y se extenderá un acta. Una vez se resuelvan las alegaciones sobre el acta, se procederá al deslinde y amojonamiento definitivo, así como su inscripción

en el Registro de la propiedad. Contra el acto de deslinde definitivo, se podrá interponer recurso contencioso administrativo.

6.- Recuperación de oficio de los bienes públicos

Las administraciones públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio que han sido ocupados sin titulo alguno. Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá ejercitarse en cualquier momento y en el caso de los que tengan la condición de patrimoniales en el plazo de un año, contado desde el día siguiente al de la usurpación. Transcurrido dicho plazo, deberán ejercitarse las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil. El expediente administrativo, acreditada la usurpación, finalizará en caso con la propuesta de recuperación de la posesión y requerimiento del ocupante para que cese se actuación, señalándole un plazo no superior a ocho días para ello y en caso de resistencia al desalojo, se adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la recuperación de la posesión del bien o derecho.

7.- El desahucio administrativo

El desahucio es una potestad de las administraciones con objeto de recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes de dominio público cuando desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros. Las entidades locales podrán utilizar el desahucio administrativo también para los bienes patrimoniales. Declarado extinguido el derecho a la ocupación de bienes se requerirá a la persona ocupante para que proceda al desalojo y entrega del bien en el plazo de quince días. Si el requerimiento no fuese atendido, se practicará nuevamente para que se proceda a la entrega del bien en el plazo de ocho días. En el caso de que no se atienda este plazo, el lanzamiento se llevará a efecto por la Entidad con sus propios medios, siendo los gastos de lanzamiento a cuenta del desahuciado.

8.- Responsabilidades y sanciones

Las autoridades y el personal al servicio de las Entidades Locales, que tuvieran a su cargo la gestión o utilización de sus bienes y derechos, responderán directamente ante la Entidad de los daños y perjuicios ocasionados por su pérdida o detrimento, en caso de dolo, culpa o negligencia graves. Las personas que por dolo, culpa, negligencia o aun a título de simple inobservancia, causen daños en el dominio público de las Entidades Locales, realicen actos de ocupación sin título habilitante, o contraríen su destino normal o las normas que lo regulan, serán sancionadas por vía administrativa con una multa, cuyo importe se establecerá entre el tanto y el duplo del perjuicio ocasionado, sin perjuicio de la reparación del daño y de la restitución del bien ocupado irregularmente en su caso.

 

oct 102009

La utilización de los bienes públicos

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1.- La utilización de los bienes del dominio público
a) La utilización directa por la administración y las reservas demaniales
Los bienes de dominio público pueden ser utilizados por la administración o los particulares. Cuando se trata de bienes destinados a la prestación de un servicio público y es la administración la titular de esos bienes la que los gestiona directamente, el uso que con este fin realiza del bien afectado se rige por las normas propias del servicio.

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oct 102009

Los bienes comunales

comunalesLos bienes comunales son bienes de dominio público de las entidades locales cuyo aprovechamiento pertenece al común de la vecindad como puede ser el caso de bienes agrícolas o forestales.

El carácter de bienes de dominio público se establece por el artículo 132 CE y rigen por tanto los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad.

La explotación de los bienes comunales se realizará de acuerdo con la costumbre o las ordenanzas municipales, por los vecinos de forma colectiva o simultánea, mediante la adjudicación de lotes o incluso la cesión a terceros acordara por mayoría absoluta de los miembros del municipio.

La administración, conservación y garantía de integridad de los bienes comunales corresponde a la Entidad Local titular de los mismos. Los bienes comunales pueden ser desafectados por acuerdo expreso de la corporación por mayoría absoluta, con aprobación posterior de la CA, cuando no hayan sido objeto de aprovechamiento por un plazo mínimo de 10 años. Dicha desafectación convertirá el bien patrimonial en bien patrimonial.

oct 102009

El Patrimonio Nacional y el Patrimonio del Estado

 patrimonio1.- EL PATRIMONIO NACIONAL

El patrimonio nacional se regula por la Ley 23/1982, de 16 de junio. Tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Familia Real para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen.

El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional se configura como una Entidad de Derecho público, con personalidad jurídica y capacidad de obrar, orgánicamente dependiente de la Presidencia del Gobierno y excluida de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas. Son sus fines la gestión y administración de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional.

Tal y como establece el artículo 132 CE, dichos bienes tienen el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Integran el Patrimonio Nacional, entre otros, los siguientes bienes:

1. El Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro.

2. El Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador, con sus jardines y edificios anexos.

3. El Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial, el Palacete denominado la Casita del Príncipe, con su huerta y terrenos de labor, y la llamada «Casita de Arriba», con las Casas de Oficios de la Reina y de los Infantes.

4. Los Palacios Reales de la Granja y de Riofrío y sus terrenos anexos.

 2- EL PATRIMONIO DEL ESTADO

El Patrimonio del Estado está integrado por el patrimonio de la Administración General del Estado y los patrimonios de los organismos públicos que se encuentren en relación de dependencia o vinculación con la misma.

La gestión, administración y explotación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que sean de titularidad de la Administración General del Estado corresponderán al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

 

oct 102009

Los bienes patrimoniales de las administraciones públicas

1937046791_fad55ef3ce1.- Concepto de bienes patrimoniales

Son bienes patrimoniales los de titularidad de las administraciones públicas que no tengan el carácter de bienes de dominio público, es decir, que no estén destinados directamente al uso público o afectados a un servicio público. Si no consta la afectación de un bien se presume su carácter patrimonial.

Tendrán, entre otros, el carácter de bienes patrimoniales los siguientes:
a) Las cuotas, partes alícuotas y títulos representativos de capital de empresas, cooperativas, asociaciones o de cualquier otra fórmula asociativa que pertenezcan al ente local.
b) Los bienes adjudicados a las Entidades Locales en virtud del procedimiento recaudatorio seguido contra los deudores tributarios.
c) Las parcelas sobrantes y los bienes o efectos no utilizables.
d) Derechos reales y de arrendamiento
e) Derechos de propiedad industrial e intelectual
f) Bienes del patrimonio forestal
g) Los bienes muebles

2.- La adquisición de los bienes patrimoniales

Las Administraciones públicas podrán adquirir bienes patrimoniales por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y, en particular, por los siguientes:

a) Por atribución de la ley.
El artículo 17 de la Ley de patrimonio de las administraciones pública establece que pertenecen a la administración general del Estado los siguientes bienes:
* Los inmuebles que carecieren de dueño
* Los valores, dinero, saldos en cuenta corrientes y demás bienes muebles depositados en entidades financieras respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años.

b) A título oneroso
Estas adquisiciones se llevan a cabo normalmente por vía voluntaria. La adquisición exigirá el cumplimiento de los requisitos de las normas de contratación de las administraciones públicas y por regla general mediante concurso. Tratándose de inmuebles se exigirá, además, informe con la valoración del bien.

c) Por herencia, legado o donación.
Requiere un acuerdo formal del órgano competente de la administración pública y las herencias se adquirirán siempre a beneficio de inventario.

d) Por prescripción y ocupación
Las Administraciones públicas podrán adquirir bienes por prescripción u ocupación con arreglo a lo establecido en el Código Civil y en las leyes especiales.

e) Adjudicación de bienes en procedimientos judiciales
Se trata de la adjudicación a la Hacienda de la administración concreta de los bienes embargados para asegurar deudas con las administraciones públicas cuando no se hayan enajenado en las subastas públicas

3.-La gestión de los bienes patrimoniales

Los bienes patrimoniales estarán adscritos a la sección de patrimonio de las administraciones o bien a los entes públicos dependientes.

La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los principios:
a) Eficiencia y economía en su gestión.
b) Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos.
c) Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.
d) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.

4.- La enajenación y cesión de los bienes patrimoniales

Dos de las características de los bienes patrimoniales es que son enajenables y prescriptibles, es decir, pueden venderse y pueden ser adquiridos por particulares por prescripción adquisitiva.

En relación a la enajenación y cesión, la garantía de los intereses públicos y la objetividad con que debe de actuar las administraciones impone algunas cautelas competenciales y procedimientales, así como algunos límites a la enajenación de los bienes patrimoniales.

Respecto a los bienes patrimoniales de la Administración del Estado, requiere la declaración de alienabilidad del Ministro de Economía y Hacienda o en su caso del Consejo de Ministros si el valor del bien excede ce 18 millones de euros. La enajenación se llevará acabo mediante subasta pública.

Los bienes patrimoniales de las corporaciones locales requieren para cualquier clase de enajenación la aprobación por mayoría absoluta del pleno si el valor del bien excede del 20 % de los recursos del municipio y de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía si excede del 25%. El procedimiento normal de enajenación será abierto y por subasta. Los actos de disposición de bienes y derechos de las Administraciones Públicas entre sí y entre éstas y las Entidades públicas dependientes o vinculadas se instrumentarán a través de convenios administrativos.

Respecto a
la permuta de bienes podrá llevarse a cabo siempre que la diferencia de valor entre los bienes que se trate de permutar no sea superior al cuarenta por ciento del que lo tenga mayor, requiriendo en todo caso la previa valoración por el municipio y acreditación de su necesidad.

La cesión gratuita requiere la aprobación por mayoría absoluta de los miembros de la corporación, previo expediente justificando el beneficio de la misma para el municipio y con el derecho de devolución del bien cedido si no se destina al fin por el que se cedió. Si los bienes inmuebles cedidos no se destinasen al uso previsto dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de estarlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán a la administración local con todas las mejoras realizadas.

Los bienes patrimoniales de las CCAA requieren igualmente la aprobación por la Asamblea Legislativa para la enajenación de determinados bienes, debiéndose además justificar las razones de interés público de la misma.

oct 092009

La usurpación como delito

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El artículo 245 del código penal establace que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, una multa de seis a dieciocho meses, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado. Este delito lo comente por tanto cuando se usurpa una vivienda utilizando contra sus dueños, por ejemplo, un arma o bien intimidando con algun medio material o personal.

El delito que comenten los “ocupas” es un supuesto mas leve que el anterior, y es cuando ocupa sin autorización debida y se entiende que sin violencia o intimidación, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular. En este caso, los “ucupas” serán castigados con la pena de multa de tres a seis meses. La cuantía de dicha multa será proporcional a los medios económicos de los mismos.

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