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oct 102009

Los bienes patrimoniales de las administraciones públicas

1937046791_fad55ef3ce1.- Concepto de bienes patrimoniales

Son bienes patrimoniales los de titularidad de las administraciones públicas que no tengan el carácter de bienes de dominio público, es decir, que no estén destinados directamente al uso público o afectados a un servicio público. Si no consta la afectación de un bien se presume su carácter patrimonial.

Tendrán, entre otros, el carácter de bienes patrimoniales los siguientes:
a) Las cuotas, partes alícuotas y títulos representativos de capital de empresas, cooperativas, asociaciones o de cualquier otra fórmula asociativa que pertenezcan al ente local.
b) Los bienes adjudicados a las Entidades Locales en virtud del procedimiento recaudatorio seguido contra los deudores tributarios.
c) Las parcelas sobrantes y los bienes o efectos no utilizables.
d) Derechos reales y de arrendamiento
e) Derechos de propiedad industrial e intelectual
f) Bienes del patrimonio forestal
g) Los bienes muebles

2.- La adquisición de los bienes patrimoniales

Las Administraciones públicas podrán adquirir bienes patrimoniales por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y, en particular, por los siguientes:

a) Por atribución de la ley.
El artículo 17 de la Ley de patrimonio de las administraciones pública establece que pertenecen a la administración general del Estado los siguientes bienes:
* Los inmuebles que carecieren de dueño
* Los valores, dinero, saldos en cuenta corrientes y demás bienes muebles depositados en entidades financieras respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años.

b) A título oneroso
Estas adquisiciones se llevan a cabo normalmente por vía voluntaria. La adquisición exigirá el cumplimiento de los requisitos de las normas de contratación de las administraciones públicas y por regla general mediante concurso. Tratándose de inmuebles se exigirá, además, informe con la valoración del bien.

c) Por herencia, legado o donación.
Requiere un acuerdo formal del órgano competente de la administración pública y las herencias se adquirirán siempre a beneficio de inventario.

d) Por prescripción y ocupación
Las Administraciones públicas podrán adquirir bienes por prescripción u ocupación con arreglo a lo establecido en el Código Civil y en las leyes especiales.

e) Adjudicación de bienes en procedimientos judiciales
Se trata de la adjudicación a la Hacienda de la administración concreta de los bienes embargados para asegurar deudas con las administraciones públicas cuando no se hayan enajenado en las subastas públicas

3.-La gestión de los bienes patrimoniales

Los bienes patrimoniales estarán adscritos a la sección de patrimonio de las administraciones o bien a los entes públicos dependientes.

La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los principios:
a) Eficiencia y economía en su gestión.
b) Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos.
c) Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes.
d) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.

4.- La enajenación y cesión de los bienes patrimoniales

Dos de las características de los bienes patrimoniales es que son enajenables y prescriptibles, es decir, pueden venderse y pueden ser adquiridos por particulares por prescripción adquisitiva.

En relación a la enajenación y cesión, la garantía de los intereses públicos y la objetividad con que debe de actuar las administraciones impone algunas cautelas competenciales y procedimientales, así como algunos límites a la enajenación de los bienes patrimoniales.

Respecto a los bienes patrimoniales de la Administración del Estado, requiere la declaración de alienabilidad del Ministro de Economía y Hacienda o en su caso del Consejo de Ministros si el valor del bien excede ce 18 millones de euros. La enajenación se llevará acabo mediante subasta pública.

Los bienes patrimoniales de las corporaciones locales requieren para cualquier clase de enajenación la aprobación por mayoría absoluta del pleno si el valor del bien excede del 20 % de los recursos del municipio y de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía si excede del 25%. El procedimiento normal de enajenación será abierto y por subasta. Los actos de disposición de bienes y derechos de las Administraciones Públicas entre sí y entre éstas y las Entidades públicas dependientes o vinculadas se instrumentarán a través de convenios administrativos.

Respecto a
la permuta de bienes podrá llevarse a cabo siempre que la diferencia de valor entre los bienes que se trate de permutar no sea superior al cuarenta por ciento del que lo tenga mayor, requiriendo en todo caso la previa valoración por el municipio y acreditación de su necesidad.

La cesión gratuita requiere la aprobación por mayoría absoluta de los miembros de la corporación, previo expediente justificando el beneficio de la misma para el municipio y con el derecho de devolución del bien cedido si no se destina al fin por el que se cedió. Si los bienes inmuebles cedidos no se destinasen al uso previsto dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de estarlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán a la administración local con todas las mejoras realizadas.

Los bienes patrimoniales de las CCAA requieren igualmente la aprobación por la Asamblea Legislativa para la enajenación de determinados bienes, debiéndose además justificar las razones de interés público de la misma.

oct 092009

La usurpación como delito

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El artículo 245 del código penal establace que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, una multa de seis a dieciocho meses, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado. Este delito lo comente por tanto cuando se usurpa una vivienda utilizando contra sus dueños, por ejemplo, un arma o bien intimidando con algun medio material o personal.

El delito que comenten los “ocupas” es un supuesto mas leve que el anterior, y es cuando ocupa sin autorización debida y se entiende que sin violencia o intimidación, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular. En este caso, los “ucupas” serán castigados con la pena de multa de tres a seis meses. La cuantía de dicha multa será proporcional a los medios económicos de los mismos.

oct 072009

El procedimiento para la restauración del orden jurídico perturbado

IMG_05961.- Inicio del procedimiento 

Los actos de edificación o uso llevados a cabo sin licencia o bien en contra de la licencia concedida (supongamos que reconcede licencia para construir cuatro plantas y se construyen cinto), conllevarán el inicio del expediente de restauración del orden jurídico perturbado, a parte del expediente sancionador. Es decir, mientras que el expediente sancionador tiene como objetivo imponer una sanción al infractor o infractores, el de restauración del orden jurídico perturbado tiene como objetivo hacer cumplir el planeamiento y la ordenación urbanística, llegando si es necesario a la demolición.

Este procedimiento tendrá lugar actos contrarios a la ordenación urbanística que cumplan los siguientes requisitos:
a) Acto terminado, no en ejecución
b) Ante cualquier acto que necesite licencia y se haya llevado a cabo sin ella o en contra del contenido de la misma.

El inicio del procedimiento conllevará requerimiento por parte del ayuntamiento al que lleve esta clase de actos para que solicite la legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, dependiendo, respectivamente, de que las obras fueran compatibles o no con la ordenación urbanística, es decir, con el planeamiento. El plazo para iniciar este procedimiento será de cuatro años desde la total terminación de los actos, salvo en determinados actos como son la parcelación en  o cualquier acto llevado a cabo en suelo no urbanizable especialmente protegido, en los que se podrá iniciar al procedimiento en cualquier momento y sin límite de plazo.

2.-  La finalización del procedimiento y la reposición de la realidad física alterada
La finalización del procedimiento terminará con una propuesta de resolución en la que se establecerán los plazos para la reposición de la realidad física alterada a costa del propietario. Se  acordará la demolición en dos casos:
a) Denegación de legalización
b) No solicitud de legalización y no sea legalizable

El incumplimiento de las órdenes de reposición de la realidad física alterada conllevará:
a) Hasta 12 multas coercitivas con periodicidad de un mes en cuantía de 10% valor de obras y mínimo 600 EU

b) Ejecución subsidiaria reposición por la administración, tras cualquiera de los requerimientos, en todo caso, tras la duodécima multa

3.- Los actos no ajustados al planeamiento llevados a cabo con licencia

Las licencias que habiliten alguna infracción urbanística grave o muy grave deberá ser objeto de revisión de oficio por el Ayuntamiento.

oct 072009

El procedimiento sancionador

IMG_4076.JPG1.- La suspensión de la obra (artículo 181 LOUA)
a) Suspensión por el alcalde del municipio
Ante cualquier acto que necesite licencia y se lleve a cabo sin ella o en contra del contenido de la misma se podrá llevar a cabo la suspensión de los actos de edificación, que se notificará al promotor, propietario o cualquier operario.

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oct 072009

La licencia urbanística

IMG_05611.- Actos sujetos a licencia 

La licencia tiene por objeto contrastar si la actividad u obra proyectada es conforme y compatible con la ordenación urbanística aplicable.

Entre los actos sujetos a licencia (artículo 169 LOUA), se encuentran los siguientes
a) Las parcelaciones urbanísticas
b) Los movimientos de tierra
c) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase
d) La ocupación y la primera utilización de los edificios
e) Las talas de masas arbóreas
f) Cualesquiera otros actos que se determinen reglamentariamente o por el correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística.

2.- Objeto de la licencia urbanística
Su objeto es contrastar si la actividad u obra proyectada es conforme y compatible con la ordenación urbanística aplicable. Es determinante clasificación y calificación del suelo. Es además un acto administrativo de naturaleza reglada, lo que conlleva que si el proyecto presentado es conforme al planeamiento aplicable, la Administración está obligada a otorgarla

3.- Procedimiento de otorgamiento de licencias
La solicitud debe ir acompañada del proyecto básico y de ejecución de la edificación y en el expediente administrativo deben de emitirse informe técnico y jurídico.

El plazo de resolución es de 3 meses, transcurrido el cual, se entiende que se ha concedido la licencia por silencio administrativo positivo. Es importante tener en cuenta, sin embargo, lo establecido en el artículo 8 del TRLS 08 según el cual no se entenderá concedida una licencia de obras por silencio administrativo si la misma es contraria al planeamiento. El comienzo de cualquier obra o uso al amparo de ésta requerirá, en todo caso, comunicación previa al municipio con al menos diez días de antelación. La denegación expresa de la licencia deberá ser motivada .El órgano competente para la concesión de la licencia es el alcalde u órgano al que delegue esta competencia, es decir, la Junta de Gobierno Local.

oct 072009

La reparcelación y la urbanización

Imagen 51.- La reparcelación 

La reparcelación es la conversión jurídica de los terrenos de carácter rústicos en terrenos de carácter urbano, cuando se trata de suelo urbanizable. Cuando estamos ante suelo urbano, dicha conversión jurídica es de terrenos urbanos sin urbanización consolidada a terrenos con urbanización consolidada. Dicha conversión es consecuencia de la ejecución del planeamiento, que se materializa mediante la urbanización.

La reparcelación se lleva a cabo mediante el proyecto de reparcelación. Dicho proyecto es el documento en el que se lleva a cabo la distribución de beneficios y cargas de la actuación urbanística y que se inscribe en el registro de la propiedad. Respecto a los beneficios, que son las nuevas parcelas establecidas por la ordenación urbanística, conlleva que el proyecto de reparcelación incluya las fincas registrales existentes como “fincas aportadas” y una descripción de las nuevas parcelas que se crean tras la urbanización y que conllevará la creación de las correspondientes fincas en el registro de la propiedad. Respecto a las cargas, el proyecto de reparcelación incluye una descripción de todos los gastos de la urbanización (obras de urbanización, minuta de los abogados, arquitectos….) así como una afección a cada una de las nuevas fincas registrales de los gastos de urbanización que les corresponde a sus propietarios.

El proyecto de reparcelación lo aprueba el Ayuntamiento en los sistemas de expropiación y cooperación. En el sistema de compensación, lo aprueba la junta de compensación y posteriormente el Ayuntamiento.

2.- La urbanización

La urbanización conlleva la conversión material y real de los terrenos de carácter rústico a terrenos de carácter urbano, cuando estamos en suelo urbanizable. En suelo urbano, conlleva la conversión de terrenos sin urbanización consolidada a terrenos con urbanización consolidada.

Para llevar a cabo la urbanización es necesaria la elaboración y aprobación del proyecto de urbanización, que es el documento de carácter técnico en el que se contemplan todas las obras necesarias de urbanización parea materializar la ordenación establecida en el planeamiento. El proyecto de urbanización lo aprueba el Ayuntamiento.

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