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La administración pública y el dominio público marítimo

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La competencia en materia de dominio marítimo terrestre corresponde fundamentalmente a la Administración General del Estado, es decir, al Gobierno de la Nación, en virtud del artículo 149 CE.

Entre tales competencias se encuentran las siguientes:

La utilización del dominio público marítimo

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1.- El uso común general en el dominio público marítimo terrestre

Son usos comunes general del dominio público marítimo-terrestre por parte de todos los ciudadanos, en los que rigen los principios de libertad y gratuidad, se encuentran los de pasear, bañarse o pescar.

Las servidumbres para la protección del dominio público marítimo

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Las servidumbres de la Ley de Costas son limitaciones de la propiedad sobre terrenos contiguos a la ribera del mar para la protección del dominio público marítimo terrestre y tendrán el carácter de imprescriptibles.

Dichas servidumbres son las siguientes:

a) Servidumbres de protección

El deslinde marítimo terrestre

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Para la determinación del dominio público marítimo-terrestre se practicarán y aprobará por la Administración del Estado los oportunos deslindes. En el procedimiento serán oídos la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, los propietarios colindantes, previa notificación, y demás personas que acrediten la condición de interesados.

Criado Abogados colabora en la jornada sobre el Plan General de Marbella

Alejandro Criado

El pasado 29 de junio, tuvo lugar la jornada sobre el nuevo Plan General de Marbella organizada por la Fundación Fydu a la que asistieron más de ochenta profesionales, entre ellos abogados, arquitectos y promotores. La presentación de la jornada corrió a cargo del presidente de la Fundación, Alejandro Criado. Como coordinador, la Jornada contó con Manuel Jiménez, abogado urbanista ejerciente en Málaga y en la dirección con don Juan Ramón Fernández Canivell, abogado urbanista igualmente ejerciente en Málaga.

La compra de una vivienda afectada por la normalización del nuevo Plan General de Marbella

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La entrada en vigor del Plan General de Marbella ha conllevado una seguridad jurídica doble. En primer lugar, la del inversor que pretende comprar un terreno, que ya tiene la seguridad jurídica de la ordenación urbanística del mismo y, en segundo lugar, la del propietario de una vivienda cuya licencia puede haber sido impugnada por ser contraria al Plan General de 1986, por el hecho de que el Plan General de 2010 reconoce la edificación.