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may 012013

El Plan de Protección del Corredor Litoral y el planeamiento urbanístico

alejandrocriado2-217x300El Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía a través del Plan de Protección del Corredor Litoral y la zona de influencia litoral.

Dicha zona de influencia se regula en primer lugar en el artículo 10.1.A.j de la LOUA que establece entre las determinaciones del Planeamiento General, la siguiente: “Normativa para la protección y adecuada utilización del litoral con delimitación de la Zona de Influencia, que será como mínimo de quinientos metros a partir del límite interior de la ribera del mar, pudiéndose extender ésta en razón a las características del territorio.”

También se regula en el artículo 17.7 de la LOUA que establece lo siguiente: “En los terrenos afectados por Servidumbre de Protección del Litoral que aun no se encuentren en curso de ejecución, el instrumento de planeamiento que los ordene los destinará a espacios libres de uso y disfrute público, hasta tanto, sólo se permitirán actuaciones o usos que no comprometan el futuro uso y disfrute público a que el plan correspondiente habrá de destinarlos. Asimismo, en la Zona de Influencia del Litoral se evitará la urbanización continua y las pantallas de edificación, procurando la localización de las zonas de uso público en los terrenos adyacentes a la Zona de Servidumbre de Protección.”

El objetivo por tanto de la regulación del corredor del litorial de Andalucía es el establecimiento de unas directrices que deberán tener en cuenta el planeamiento urbanístico para los desarrollos previstos en la franja correspondiente a la zona de influencia del litoral.

Se trata de una medida sin duda positiva para la protección de medio ambiente. Sin embargo, tal y como se ha planteado mediante la repentina suspensión cautelar de un enorme número de planes urbanísticos, de inversiones privadas y de planificaciones locales de municipios costeros de  Andalucía, tiene dos efectos en absoluto positivos. El primero es la inseguridad jurídica para actuales y futuros inversores privados, dado que este plan de protección del corredor litoral podría haberse planteado e finales de los años noventa cuando era previsible un importante desarrollo urbanístico de la costa. El segundo es para paralización de actuaciones urbanísticas que habrían originado un importante número de puestos de trabajo tan necesitados en este momento en Andalucía, cuyos índices de paro es de los más altos de España, cuando se podría haber establecido una directrices de carácter transitorio para evitar una paralización indefinida de las actuaciones afectadas.

Alejandro Javier Criado Sánchez
Doctor en Derecho y Abogado

abr 262013

La jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la normalización del Plan General de Marbella

alejandrocriado2-217x300El pasado mes de mayo de 2010 tuvo lugar la aprobación definitiva del Plan General de Marbella. Uno de sus aspectos que más debate suscitó fue sin duda la normalización de viviendas, que básicamente consiste en la previsión de suelos dotacionales para compensar excesos edificatorios respecto del Plan General de 1986. La normalización se plantea además den el Plan General de Marbella, no como una mera legalización de un determinado número de promociones inmobiliarias, sino como una cuestión básica que afecta el nuevo modelo de ciudad y que además encaja con el mismo debido al importante incremento previsto para suelos públicos. Así mismo, dentro de este planteamiento, lo que aún más debate suscitó fuese el hecho de que el coste de compensación de los suelos dotacionales  previstos tuviese que afrontarlo los actuales propietarios de las viviendas afectadas.

Pues bien, dentro de los más de cuatrocientos procedimientos judiciales impugnando el Plan General de Marbella, ya ha habido más de una decena de sentencias del TSJ de Andalucía pronunciándose sobre la normalización de viviendas y estableciendo que la normalización se ajusta a la legislación urbanística y a la jurisprudencia existente sobre el planeamiento urbanístico en España. Así mismo, si bien no se pronuncia directamente sobre si deben o no ser los propietarios de viviendas los que afronten el coste de la normalización, dado que es una cuestión que corresponde a la ejecución del planeamiento, si que ha establecido que en todo caso y conforme al principio de subrogación real, los nuevos propietarios del suelo se subrogan en los derechos y deberes urbanísticos. Es decir, que en ejecución de planeamiento, deben ser los propietarios de viviendas, denominados también “terceros de buena fe”, los que afronten los costes de la normalización.

De todas formas, habrá que esperar un pronunciamiento futuro del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, que seguramente no tenga lugar antes de 2018, dado que su  jurisprudencia es bastante clara respecto a que el planeamiento no puede tener como objeto la legalización. Lo importante, por el momento, es que el TSJ avala una de las cuestiones más importantes del Plan General de Marbella y no ha creado lo que sería un problema de extraordinaria gravedad para Marbella como sería la nulidad de una parte importante de su planeamiento general que, a fin de cuentas, es uno de los pilares básicos de la seguridad jurídica existente en la ciudad desde el Gobierno de la Comisión Gestora presidida por el letrado don Diego Martín Reyes y mantenida con extraordinaria brillantez por la actual regidora doña Angeles Muñoz Uriol y su equipo de gobierno.

Alejandro Javier Criado Sánchez. Doctor en Derecho y Abogado

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sep 032009

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