Jul 012009

El Derecho Urbanístico en España tras la Constitución Española

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La promulgación de la CE de 1978 supone un hecho evidentemente excepcional que tiene consecuencias notables en todos los sectores del ordenamiento jurídico. En el urbanístico, fundamentalmente por la nueva concepción del derecho de propiedad, cuyo contenido se encuentra limitado por su función social en el artículo 33. Además, del texto constitucional se desprende, la conversión del urbanismo en una función pública.

El marco constitucional conllevó la aprobación de una nueva Ley de Suelo, la Ley 8/1990, de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo y texto refundido mediante Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, supuso la reforma parcial de determinados aspectos de la LS de 1976.

Como novedades, la ley introdujo la técnica del aprovechamiento tipo y su generalización a las clases de suelo, así como el sistema de adquisición gradual de derechos y facultades del propietario que tenía como objetivo mejorar el sistema de valoraciones, puesto que de hecho, regula tanto el suelo como su valoración.

Como consecuencia del cambio de Gobierno tras ganar las elecciones el partido popular en 1996, se aprueba el Real Decreto Ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales, dentro de un paquete de medidas económicas liberalizadoras que adopta el nuevo Gobierno al inicio de su mandato.

Los objetivos del Real Decreto fueron: El incremento de la oferta de suelo para abaratar el precio final de la vivienda. En este sentido, se suprime la distinción entresuelo urbanizable programado y no programado, refundiéndose ambas clases en suelo urbanizable. La simplificación de los plazos y procedimientos en materia urbanística. Se reducen, de esta manera, los plazos para la aprobación municipal del planeamiento. Se modifican los porcentajes de cesión obligatoria y gratuita de parte del aprovechamiento a la Administración. Este Real Decreto es convalidado por el Congreso de los Diputados, quien decide su tramitación como proyecto de Ley. Así, se convierte en la Ley 7/1997, de 14 de abril, publicada un mes después de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Tras dicho Real Decreto comenzó la elaboración de una nueva Ley de Suelo que culminó con la Ley de Suelo y Valoraciones de 1998, que ha estado en vigor hasta la actual Ley de Suelo de 2007, sustituida por el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008.

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