La construcción de caminos en España se impulsa con el Real Decreto de 10 de junio de 1761 de Carlos III, teniendo en cuenta que en aquel momento la falta de caminos era uno de los principales obstáculos para el progreso del país, tal y como denunció Jovellanos en su informe sobre la Ley agraria.
En el siglo XIX abundan las leyes para las vías públicas, como son las Leyes de travesías y caminos vecinales de 1849 o la Ley general de carreteras de 1877, que estuvo vigente hasta la Ley de carreteras de 1974, a su vez derogada por la Ley vigente de carreteras de 1988.
Al hilo de estas leyes se ponen en marcha sucesivos planes generales de carreteras, como los aprobados en 1860. A mediados de los años ochenta, las carreteras españolas presentaban un notable retraso en comparación con los paises de nuestro entorno y se mostraban incapaces de absorver el crecimiento del tráfico propiciado por la recuperación económica, demás de adolecer de graves problemas de seguridad por su mal trazado y estado de conservación. Para ello se pone en marcha el plan general de carreteras de 1984-1991, con un presupuesto de 2,8 billones de pesetas, de los cuales el 12 % procedían de los fondos FEDER. Es como consecuencia de este plan por lo que se elabora y aprueba la Ley vigente de carreteras de 1988, con el fin de aumentar las exigencias de seguridad y calidad de las carreteras proyectadas y futuras.