La entrada en vigor del Plan General de Marbella ha conllevado una seguridad jurídica doble. En primer lugar, la del inversor que pretende comprar un terreno, que ya tiene la seguridad jurídica de la ordenación urbanística del mismo y, en segundo lugar, la del propietario de una vivienda cuya licencia puede haber sido impugnada por ser contraria al Plan General de 1986, por el hecho de que el Plan General de 2010 reconoce la edificación.